Durante tres años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se dedicó a batear sin investigar a profundidad denuncias populares contra el proyecto Costa Palmas, ubicado en la comunidad de La Ribera, municipios de Los Cabos, Baja California Sur, a sólo 26 kilómetros del Parque Nacional Cabo Pulmo, un ejemplo a nivel mundial de conservación de la vida marina.
Los argumentos para desechar las acusaciones evitando entrar al fondo del asunto fueron variadas: “por no contar con información que permita a esta autoridad identificar el lugar exacto de los hechos denunciados”; por ser una denuncia anónima o porque el denunciante se desistió luego de recibir el Acuerdo de Calificación y Admisión de la Investigación.
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